El presidente Danilo Medina instruyó a la Contraloría General de la República suspender la asignación de recursos públicos para fondos de pensiones o planes complementarios, y que en lo adelante todas las instituciones del Estado que mantienen fondos de pensiones deben ser registrados en la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) para ajustarlas a la ley.
Asimismo, el Ejecutivo decidió que los fondos aportados por instituciones públicas a esos planes complementarios de pensiones sean retornados a estas, para su uso correcto en el marco de sus presupuestos de gastos correspondientes.
El decreto, dado a conocer por el vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, establece que “ la Contraloría General de la República proceda a suspender todo aporte de fondos públicos que realicen las instituciones autónomas y descentralizadas financieras y no financieras, instituidas por la ley; las instituciones públicas de la Seguridad Social, los ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional. A los planes y fondos complementarios de pensiones existentes, debidamente registrados o no en la Superintedencia de Pen- siones. Los fondos aportados por las instituciones públicas a estos planes complementarios deben ser retornados a las mismas, para el correcto uso, en el marco de sus gastos de presupuestos correspondientes”.
Y agrega que “con esta medida el gobierno trata de evitar cualquier uso inapropiado de las instituciones con los planes de sus directivos y empleados, al tiempo que envía una señal clara del compromiso que tiene el presidente Danilo Madina con respecto al uso y manejo de los fondos públicos”, explicó Marchena.
El decreto establece que las instituciones públicas podrán crear fondos de pensiones complementarios, siempre y cuando los mismos se sustenten sobre la contribución definida realizada única y exclusivamente por los afiliados y fundamentados en la capitalización individual, que asegure su sostenibilidad financiera y el equilibrio económico.
Asimismo, el Ministerio de la Presidencia queda encargado de la coordinación de las acciones a realizar, en cumplimiento del decreto y la Contraloría quedó encargada del cumplimiento de tales acciones.
Rodríguez Marchena dijo que con esto se busca manifestar transparencia en todas las actividades públicas.
LOS ANTECEDENTES DEL CASO NG CORTIÑAS
El decreto presidencial es emitido luego de que, en menos de 24 horas antes, el presidente Danilo Medina cancelara al Contralor General de la República, Haivanjoe Ng Cortiñas, quien antes de dejar su cargo de Superintendente de Bancos se aprobó una pensión por encima de los $RD 652,000.00, la mayor pensión que devengaría un empleado público desde que se fundó el Estado Dominicano. Esa decisión generó críticas y protestas nacionales que alcanzó su momento culminante cuando el presidente canceló a Ng Cortiñas.
Listin Diario
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